El riesgo de perder la renta básica lleva a 427 parados a aceptar trabajos de mil euros

pamplona. De operario de fábrica a limpiador de caminos forestales. Jornada laboral de ocho horas -de siete de la mañana a tres de la tarde- y un salario aproximado de 950 euros más cotización a la Seguridad Social. Es la alternativa que se ofrece a un parado que ha agotado todas sus prestaciones y que venía cobrando entre 633,30 euros y 949,95 euros de renta básica, dependiendo de sus cargas familiares.

La cosa no está para rechazar ofertas públicas de trabajo. Uno se juega el cobro la prestación. Y es que el Gobierno Foral se ha puesto duro con la factura social que implica el mantenimiento de las alrededor de 4.000 familias que perciben la renta básica en Navarra. De ahí que haya endurecido las condiciones para conceder este tipo de ayudas y al compromiso de buscar un empleo se une la obligación del perceptor de estar dispuesto a trabajar en los nuevos tajos de "interés comunitario" al servicio de ayuntamientos o empresas públicas. En definitiva, el nuevo decreto sobre el cobro de la renta básica obliga al perceptor a no rechazar ningún empleo "adecuado". Un total de 53 entidades locales entre ayuntamientos y mancomunidades, junto con la sociedad pública Gestión Ambiental Viveros y Repoblaciones han ofertado al Gobierno foral (el plazo para la presentación de propuestas ante Bienestar Social finalizaba el 15 de julio) la contratación de 427 puestos de trabajo para perceptores de renta básica dentro de un programa subvencionado por el Ejecutivo. El departamento de Bienestar Social abonará los sueldos de estos contratados dentro de la nueva campaña de desempleo que promociona y a la que destina este verano 5.411.000 euros. El plan está dirigido a subvencionar la contratación de 655 personas perceptoras de renta básica (200 del tradicional Empleo Social Protegido) para lograr su inserción en el mercado laboral e incluye el Programa de Empleo Comunitario de Interés Social (ECIS), que ya se puso en marcha el año pasado, además del programa de contrataciones por parte de empresas públicas (ambos destinados a parados en exclusión social coyuntural). Con ellos se pretende crear empleo entre navarros que han perdido su trabajo y han agotado todas las prestaciones de desempleo. De hecho, el 60% de las personas que cobran la renta básica se encuentra en situación conyuntural, es decir sin elementos de exclusión que no sean la falta de empleo. Por otro lado, el Gobierno también ha ampliado el programa de Empleo Social Protegido que dirige cada año a los ayuntamientos para personas que sí se encuentran en situación exclusión social con 200 nuevos contratos, sumando así 800 empleos.

Para la nueva convocatoria de desempleados se han ofertado un total de 285 puestos de trabajo por parte de los entes locales y 142 de Viveros y Repoblaciones, aunque la mayoría están contratados. Como requisitos, los trabajos deben ser de interés social y redundar en beneficio de toda la colectividad como tareas de mantenimiento y limpieza, colocación de vallados para fiestas, y no debe sustituir a ninguna contratación. Los contratos son de seis meses y generan derecho para cobrar subsidio. El Gobierno paga a las administraciones hasta el 150% del SMI (6.650 euros en seis meses) por contrato y la convocatoria pública está previsto que se resuelva próximamente. Asimismo, cada ayuntamiento o mancomunidad puede contratar para su Servicio Social a personal administrativo entre los mismos perceptores (una familia) para reforzar la actual carga de trabajo cuando hay conocimientos administrativos.

Para María Marco, trabajadora social de Tafalla, en este Ayuntamiento se ha seleccionado a 20 personas preceptoras de renta básica. Apoyo al equipo de trabajadores de la residencia San Manuel, labores de jardinería y limpieza en parques y refuerzo a las instalaciones deportivas (mantenimiento y limpieza) son algunos de los tajos con hueco. Inmigrantes y autóctonos, operarios de industria, peones de construcción y trabajadores de hostelería son los perfiles encontrados. "Generalmente tienen cargas familiares y hay mujeres solas con hijos. Salvo causa justificada reconoce que quien rechace un puesto de trabajo de este tipo y tiene capacidad para desempeñarlo deberá comunicarlo a Bienestar Social. La ventaja, indica, es con seis meses de contrato tienen derecho a cobrar subsidio, mientras que en empleo social protegido no pueden hasta cumplido el año. Además, aunque no les corresponde en principio, se les está dando formación como al resto de trabajadores de Empleo Social Protegido y se los muestra los recursos que hay en la comarca a la hora de buscar empleo, remarca. "La experiencia con los dos tipos de programas es que todo el mundo acepta un empleo social porque la mayoría quiere trabajar y se siente incómodo con la prestación. El año pasado por ejemplo trabajó todo el mundo salvo dos a los que les salió otra oferta de trabajo", expone.

polémica Pese a todo la medida ha sido controvertida. Mientras fuentes del departamento de Asuntos Sociales aseguran que muchos perceptores de renta básica se "acomodan" con una prestación "nada desdeñable que puede alcanzar los 950 euros si hay hijos" lo que puede llegar a "pervertir el objeto de la renta básica", el sociólogo Miguel Laparra cree que el hecho de poner a trabajar a la gente "simplemente porque cobre una prestación" no es una medida eficaz. Tiene sentido, añade Laparra, si la gente después de este plan tiene mejores opciones de encontrar otro mejor en el mercado laboral normalizado y "aumenta su empleabilidad". "Si sólo sirve para tener nosotros la conciencia tranquila de que no le estamos dando una prestación por nada creo que no tiene gran utilidad", precisa.