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Casi 25 años después de la aprobación de la denominada Ley del Vascuence, el euskera sigue padeciendo las acometidas del régimen regionalista, acentuadas en momentos de restricción presupuestaria como el actual
Domingo, 21 de Marzo de 2010 - Actualizado a las 09:36h.
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que el euskera es patrimonio de Navarra nadie lo discute en el plano teórico, tampoco UPN pues el propio Miguel Sanz lo ha venido admitiendo en sus tres lustros como presidente foral. El problema radica en que ese discurso se compadece muy mal con la praxis del regionalismo, que se ha parapetado tras la Ley del Vascuence de 1986 -que consagró la zonificación lingüística- para no moverse ni un milímetro, imponiendo ese inmovilismo basado en el prejuicio y el sectarismo a la creciente demanda de la sociedad navarra a acceder al conocimiento y al uso del euskera. Hasta tal punto ha llegado UPN en lo que podría considerarse incluso una obsesiva persecución de la lingua navarrorum que a Sanz no le tembló el pulso ni un ápice para expulsar de su Gobierno a los consejeros convergentes Pérez-Nievas y Esparza porque CDN se abstuvo en una iniciativa para incluir en la zona mixta a varios municipios comarcanos. Texto que hubiera prosperado incluso con el voto desfavorable de Convergencia y que por otra parte se basaba en las propias encuestas sociolingüísticas del Ejecutivo, sondeos cuyo diseño controló personalmente el propio Sanz y que luego descalificó cuando el resultado no se ajustó a sus intereses. La consecuencia de esta sostenida labor de zapa -intensificada en momentos de crisis como el actual, aprovechando las estrecheces presupuestarias para estrangular aún más el euskera en todos los ámbitos- es que, 25 años después, en Navarra se sigue vulnerando el derecho a estudiar en todo el sistema público en una de las dos lenguas oficiales. Es decir, que ni siquiera se cumple la premisa democrática básica de que los poderes públicos adecúen la oferta a la demanda, que es lo que precisamente instó el Defensor del Pueblo en su último informe, en la línea de lo expresado de forma reiterada por reputadas instancias europeas. Por tanto, la movilización social a favor del euskera no puede estar más justificada, de hecho, qué hubiera sido de él en Navarra si no es por la vigorosa y entusiasta iniciativa privada. Bien entendido que la reactivación del movimiento reivindicativo debe guiarse por principios de inclusión, esto es, tiene que abrirse a cualquier ciudadano que no crea en esa Navarra sólo en castellano que pregona UPN, erradicando toda tentación partidaria de patrimonializar el euskera y privilegiando su condición de riqueza cultural para toda la colectividad.
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